Recordando que es una clase social “minoritaria y vulnerable”, diversos colectivos han pedido que los ataques verbales a los propietarios de piso que se juegan sus ahorros comprando inmuebles y arreglándolos para ofrecerlos como viviendas turísticas sean considerados un delito de odio. “Quejarse del precio del alquiler en redes sociales estigmatiza a la clase rentista y puede afectar incluso a la salud mental de los propietarios, que se sienten perseguidos y juzgados”, defiende un portavoz de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (ASVAL).
“Es un colectivo al que se discrimina únicamente porque acumula propiedades y está parasitando al resto de la sociedad a cambio de no producir nada. No es justo”, explica el portavoz de la ASVAL.
“No es justo que se les discrimine, quiero decir”, aclara.
Según diversas asociaciones, que un propietario decida expulsar a una familia con la excusa de que necesita el espacio para un familiar pero luego en realidad lo que planee hacer es alquilarla de nuevo al doble o al triple de precio, es “una costumbre muy arraigada en ese colectivo”. “Son cosas que desde fuera no deberían criticarse porque no se entienden. Quejarse de ello es profundamente intolerante y lo que demuestra es mucha ignorancia y mucho odio al que es diferente de ti simplemente porque posee todo el parque de viviendas de una ciudad”, dice el director general de Blackstone en España pidiendo “amor, comprensión y ternura”.
El colectivo también considera que pedirle al casero que devuelva la fianza del alquiler aunque se tenga derecho a la misma debería considerarse una agresión.
