El Tribunal Supremo ha declarado este lunes que el procedimiento que ofrece a Carles Puigdemont «mayores garantías jurídicas» para determinar si ha sido amnistiado por el delito de malversación de caudales públicos en la causa del procés es «personarse en territorio español».
Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo y el instructor Pablo Llarena, que dirige la causa aún abierta contra los políticos secesionistas huidos de la justicia y pendientes de juicio, consideran «precipitado» determinar «desde el punto de vista meramente teórico» si la amnistía se ha aplicado o no, de modo que aconsejan a Puigdemont que «pruebe a ver qué ocurre» si abandona el exilio.
«Las palabras se las lleva el viento», ha razonado la magistrada Ana Ferrer, que apela a «la necesidad de evaluar la situación jurídica de los acusados sobre el terreno».
Fuentes cercanas al líder de Junts confirmaban esta tarde que Puigdemont está intentando convencer a «algunos compañeros exiliados» para que «prueben su amnistía», asumiendo que «si la suya funciona, puede que la mía también».
